Rosario debatió una ley para decidir sobre el final de la vida

La Universidad Nacional de Rosario fue sede este lunes de una jornada sobre eutanasia y muerte digna, en un contexto de reclamos para que el Congreso debata una regulación sobre el final de la vida. Los especialistas abordaron la autonomía de los pacientes, los alcances de los derechos vigentes y las condiciones que debería contemplar una eventual ley.

El encuentro se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, en Moreno 750, bajo el nombre “El derecho a decidir en los finales de la vida: Autonomía y Dignidad. El debate sobre la eutanasia en Argentina”. Participaron el médico obstetra Mario Sebastiani, expresidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano; la abogada Sheila Knight; y el doctor en Antropología Social y especialista en Bioética Darío Iván Radosta.

En el Congreso existen distintos proyectos para regular la eutanasia, pero ninguno llegó a ser tratado en el recinto. En paralelo, la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina impulsa una carta pública que reunió más de 5.400 adhesiones y pide un “debate plural, informado y respetuoso”. Sus promotores buscan que las comisiones de la Cámara de Diputados convoquen a especialistas y representantes de distintas posiciones antes de avanzar con las iniciativas.

Una de las distinciones centrales de la discusión es la diferencia entre eutanasia y muerte digna. En un informe de Telenoche Rosario, emitido por El Tres, Knight explicó que la eutanasia no está regulada en Argentina y que provocar la muerte de otra persona o instigar o ayudar a un suicidio puede quedar alcanzado por el Código Penal.

La abogada señaló que la Ley de Muerte Digna, vigente desde 2012, reconoce otros derechos: permite rechazar determinados tratamientos o soportes de asistencia vital y dejar directivas anticipadas sobre intervenciones médicas que una persona acepta o rechaza para el futuro. “Lo que no significa la eutanasia”, aclaró.

En la eutanasia, un profesional de la salud administra la sustancia destinada a provocar la muerte a pedido del paciente. En el suicidio médicamente asistido, es la propia persona solicitante quien se la administra. Ambos procedimientos forman parte de la discusión sobre una eventual legislación.

Durante la jornada, Sebastiani sostuvo que una ley debería establecer un protocolo para evaluar cada solicitud. Planteó que ese análisis tendría que considerar la situación clínica, la existencia de cuadros de salud mental, el tratamiento del dolor y las condiciones en que la persona atraviesa el final de su vida.

Radosta, por su parte, señaló una distancia entre el debate social y su avance político. También planteó que la discusión comprende los límites de las intervenciones para prolongar la vida y el significado de una vida digna frente a la enfermedad y el sufrimiento.