Santa Fe debate nuevas unidades especiales dentro de la Defensa Pública

El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 13.014 y habilitar la creación de Programas o Unidades Especiales dentro de la Defensa Pública. La iniciativa incorpora ocho cargos de defensor público y contempla, entre diferentes supuestos, la asistencia a integrantes de las fuerzas de seguridad en causas en las que se alegue violencia institucional.

El Mensaje N.º 25/2026 fue aprobado por la Cámara alta el 17 de septiembre y ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La reforma no contempla únicamente situaciones vinculadas con policías o penitenciarios. Las unidades también podrán intervenir en litigios complejos, causas de trascendencia institucional, procesos que requieran una estrategia unificada, conflictos de intereses entre personas asistidas y situaciones de sobrecarga en las defensorías regionales.

Además, podrán funcionar de manera permanente o transitoria y tener alcance provincial, regional o interregional.

Uno de los puntos que concentra la discusión es el que establece expresamente la posibilidad de intervenir en “la defensa de miembros de fuerzas de seguridad, en casos en los que se alegara violencia institucional”.

El Gobierno provincial sostiene que determinadas investigaciones pueden generar conflictos funcionales o afectar la percepción de independencia de una defensa desarrollada dentro de una circunscripción determinada. En este marco, plantea que una estructura especializada bajo dependencia de la Defensoría General permitiría abordar esas situaciones.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ya había planteado meses atrás la necesidad de revisar este esquema. Entre sus argumentos cuestionó antecedentes del funcionamiento de la Defensa Pública y habló de un supuesto “sesgo marcadamente antipolicía”, una caracterización que generó diferencias dentro del ámbito jurídico.

Entre quienes cuestionaron esa interpretación estuvo el exdefensor provincial Gabriel Ganón. Su posición es que las reglas existentes procuraban evitar conflictos entre las funciones de defensa y aquellas relacionadas con la protección de derechos frente a situaciones de violencia estatal.

Otro antecedente mencionado en la discusión corresponde al financiamiento de abogados particulares para agentes investigados. Ganón cuestionó públicamente la utilización de recursos del Ministerio de Seguridad para ese fin. Esa consideración debe entenderse como una denuncia y posición del exfuncionario y no como una determinación judicial sobre la legalidad de esos gastos.

El proyecto actualmente en discusión busca que la respuesta institucional quede dentro del Ministerio Público de la Defensa. La Defensoría General tendrá la facultad de decidir la conformación de las unidades y la distribución de sus recursos.

Por otro lado, la iniciativa contempla ocho nuevos cargos de defensor público y permite el traslado funcional de defensores, funcionarios y empleados para integrar esas estructuras.

El próximo capítulo se desarrollará en Diputados, donde podrán discutirse tanto los alcances de la especialización como los mecanismos destinados a preservar la autonomía de la Defensa Pública.

La discusión tendrá así dos ejes centrales: garantizar una defensa técnica efectiva a cualquier persona sometida a un proceso penal, incluidos los integrantes de las fuerzas de seguridad, y establecer bajo qué estructura institucional deberá brindarse esa asistencia.