Clausuraron un geriátrico y Salud evaluará a sus 11 residentes

La Municipalidad de Santa Fe mantiene clausurada preventivamente una residencia para adultos mayores que funcionaba sin la correspondiente habilitación comercial y en la que se encontraban alojadas 11 personas. La medida no contempla, por el momento, el desalojo de los residentes.

Según explicó Magalí Crespo, directora ejecutiva del área de Control municipal, los responsables del establecimiento habían recibido intimaciones previas para iniciar el trámite de regularización. Ante el incumplimiento, los inspectores labraron las actuaciones correspondientes y se resolvió avanzar con la clausura.

La funcionaria aclaró que la medida alcanza específicamente a la actividad comercial. Por ese motivo, los 11 adultos mayores que permanecen en la residencia continuarán recibiendo asistencia mientras los organismos competentes determinan los próximos pasos.

La clausura permanecerá vigente hasta que los responsables regularicen la situación y obtengan la habilitación correspondiente. Además, mientras continúe la medida, el establecimiento no podrá incorporar nuevos residentes ni desarrollar normalmente la actividad comercial.

Por otro lado, las competencias de fiscalización están divididas entre diferentes niveles del Estado. El municipio interviene sobre la habilitación comercial, mientras que las cuestiones médicas y sanitarias corresponden al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

En este marco, la autoridad sanitaria deberá determinar si la residencia reúne las condiciones necesarias para alojar adultos mayores y verificar los requisitos relacionados con la atención profesional. Hasta que se conozca el resultado de esa evaluación, cualquier conclusión sobre las condiciones sanitarias debe considerarse una versión no confirmada.

El nuevo procedimiento se da después del caso detectado a fines de julio en otro establecimiento de la capital santafesina. Aquel episodio comenzó cuando un adulto mayor provocó un incendio que permitió advertir la situación en la que se encontraban varias personas alojadas.

A partir de ese antecedente se incrementaron los controles sobre las residencias destinadas a adultos mayores y se abrieron distintas actuaciones administrativas y judiciales.

La investigación del episodio anterior derivó además en una causa penal por presunto abandono de persona. Sin embargo, las responsabilidades judiciales vinculadas con cada establecimiento deberán establecerse dentro de los respectivos expedientes.

Ahora, uno de los puntos centrales será la intervención del Ministerio de Salud provincial. El organismo deberá analizar las condiciones sanitarias del establecimiento y la situación particular de los residentes.

Mientras tanto, la clausura comercial seguirá vigente y los adultos mayores permanecerán provisoriamente en la residencia, salvo que las autoridades competentes dispongan posteriormente otras medidas.