Nuevo régimen penal juvenil: qué cambia desde los 14 años
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir en todo el país desde este sábado 5 de septiembre y modificará uno de los puntos centrales del sistema vigente hasta ahora: la edad mínima de responsabilidad penal. A partir de la Ley 27.801, los adolescentes podrán ser sometidos a un proceso penal desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero, promulgada en marzo y publicada en el Boletín Oficial el 9 de ese mes. Su entrada en vigencia se fijó a los 180 días de la publicación. Con este cambio queda derogada la Ley 22.278, vigente desde 1980, que establecía un régimen diferente para los menores de edad.
Uno de los principales cambios es la reducción del piso de punibilidad, que pasa de 16 a 14 años. La nueva legislación también fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y prohíbe expresamente la reclusión o prisión perpetua para adolescentes.
Sin embargo, la privación de libertad no será automática. Cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años y se cumplan las condiciones legales establecidas, deberá ser reemplazada por sanciones alternativas. Para delitos con penas superiores a tres años y de hasta diez, el tribunal podrá sustituir la prisión si no hubo muerte, violencia física o psíquica grave y se cumplen otros requisitos previstos por la ley.
Entre las alternativas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para conducir o concurrir a determinados lugares, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
En los casos en que corresponda una pena privativa de libertad, podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención. Además, los adolescentes no podrán ser alojados junto a personas adultas.
La normativa mantiene también la reserva sobre la identidad de los imputados. No podrán difundirse nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, fotografías u otros elementos que permitan identificarlos.
Por otro lado, el régimen incorpora medidas orientadas a garantizar la continuidad educativa, capacitación laboral, formación ciudadana, actividades deportivas y acompañamiento interdisciplinario. El objetivo establecido por la ley es promover la responsabilidad por el hecho cometido y favorecer la resocialización e integración social.
Otro punto relevante establece que los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, en los términos previstos por el Código Civil y Comercial. Las víctimas, además, tendrán derecho a participar y recibir información durante el proceso.
Con la entrada en vigencia, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adecuar sus procedimientos al nuevo marco. La aplicación efectiva, los recursos disponibles y el funcionamiento de los establecimientos especializados serán algunos de los aspectos centrales a seguir durante los próximos meses.