Gobierno propone “impuesto cero” para nuevas concesiones de rutas
El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para establecer un régimen de beneficios impositivos destinado a nuevas inversiones privadas en rutas nacionales. La propuesta fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que la intención es avanzar hacia un esquema de “cero impuesto nacional, provincial y municipal”.
La primera etapa contemplaría alrededor de 6.000 kilómetros de rutas, dentro de un programa más amplio que, según informó oficialmente el Ministerio de Economía, prevé licitar otros 12.000 kilómetros.
Sin embargo, todavía no se difundió el texto definitivo que llegará al Congreso, por lo que permanecen abiertos aspectos centrales como cuáles serán los impuestos alcanzados, durante cuánto tiempo regirán los beneficios y qué condiciones deberán cumplir las empresas.
Caputo explicó que el objetivo es reducir los costos de las inversiones y acelerar las obras. La estrategia forma parte de la política del Ejecutivo de trasladar al sector privado la operación, mantenimiento y desarrollo de una parte creciente de la red vial nacional.
Actualmente, la Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas. El esquema incluye corredores que atraviesan Santa Fe y otras provincias y establece que los privados se hagan cargo de tareas de explotación y mantenimiento, mientras Vialidad Nacional conserva funciones de supervisión y control.
Por otro lado, la pretensión de eliminar también impuestos provinciales y municipales agrega un componente político y fiscal al debate. El Gobierno nacional puede impulsar modificaciones sobre tributos de su competencia, pero para extender el esquema a las cargas correspondientes a provincias y municipios deberá alcanzar acuerdos con esas jurisdicciones. El propio Caputo manifestó su expectativa de contar con el respaldo de los gobernadores.
El anuncio se produce, además, en medio de cuestionamientos por el estado de diferentes corredores nacionales y por la reducción de las partidas destinadas a infraestructura vial. De acuerdo con el informe de ACIJ citado por Noticias Argentinas, los recursos de Vialidad Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial registraron una fuerte caída real entre 2023 y 2025.
La discusión, en este marco, no estará limitada a la conveniencia de atraer capitales. También deberá establecer cómo se financiarán las obras, qué obligaciones asumirán las concesionarias, qué tarifas podrán cobrar y qué controles tendrá el Estado.
Otro punto todavía pendiente será determinar si las exenciones impositivas se trasladarán efectivamente a menores costos para los usuarios. Hasta que el proyecto ingrese formalmente al Congreso y se conozca su articulado, ese efecto constituye una versión no confirmada.
El debate legislativo permitirá conocer el alcance final del régimen y, principalmente, qué nivel de acompañamiento tendrá entre las provincias y municipios involucrados.