Murphy: piden siete años para acusado de amenazar al presidente comunal
El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de siete años de prisión efectiva para el hombre acusado de amenazar al presidente comunal de Murphy, Hugo Ezequiel Rodríguez, en el marco de un conflicto relacionado con la ubicación y habilitación de un carro destinado a la venta de comidas.
La requisitoria de acusación fue presentada por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto. Además, desde el organismo señalaron que en la investigación también intervino Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas.
Según la hipótesis fiscal, el episodio ocurrió durante la tarde del 24 de julio de 2026. El acusado habría enviado diferentes mensajes de audio mediante WhatsApp al presidente comunal para reclamar una decisión favorable que le permitiera trasladar su puesto comercial o conseguir la reubicación de otro carro.
De acuerdo con el MPA, en esas comunicaciones el hombre habría incorporado expresiones intimidatorias y referencias a posibles hechos de violencia en caso de no conseguir una respuesta favorable.
Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran los audios y conversaciones de WhatsApp aportados por Rodríguez, su declaración, actuaciones de personal de la Subcomisaría 10ª de Murphy y distintos elementos secuestrados durante allanamientos realizados el 30 de julio.
La Fiscalía sostiene que esas expresiones tuvieron como finalidad condicionar la libertad de decisión del presidente comunal en el ejercicio de su función pública. Rodríguez, por su parte, manifestó que los mensajes le provocaron temor tanto por su seguridad como por la de su familia.
El caso ya había tenido una primera instancia judicial a comienzos de agosto. En una audiencia realizada en los Tribunales de Venado Tuerto, la Justicia dispuso que el acusado permaneciera en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.
La conducta atribuida fue calificada por el Ministerio Público de la Acusación como amenazas coactivas agravadas por haber tenido como objetivo obtener una medida o concesión de los poderes públicos. Para esa figura, la Fiscalía señaló una escala penal de entre cinco y diez años.
En este marco, Raposo solicitó siete años de prisión de cumplimiento efectivo. También pidió que, en caso de una eventual condena, el acusado sea declarado reincidente por tercera vez, además de las accesorias legales y las costas correspondientes.
Hasta el momento no se difundieron públicamente los argumentos de la defensa frente a esta nueva requisitoria. En la etapa inicial del proceso, la representación legal estuvo a cargo de la defensora pública Gisela Figuera.
El pedido de siete años constituye la pretensión de la Fiscalía y no una condena. La responsabilidad penal deberá definirse durante el juicio oral y público, donde la acusación y la defensa podrán presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal.