El Gobierno busca que Estados Unidos investigue a los Eskenazi por su ingreso a YPF
El Gobierno nacional inició gestiones ante la administración de Donald Trump para promover una investigación penal en Estados Unidos sobre el ingreso, la gestión y la posterior salida de la familia Eskenazi de YPF.
Según información difundida por Agencia Noticias Argentinas a partir de una investigación de La Nación, funcionarios de primera línea del Gobierno de Javier Milei mantuvieron reuniones reservadas con representantes estadounidenses para analizar la posibilidad de que intervenga el Departamento de Justicia.
El foco estaría puesto en la adquisición del 25% de las acciones de YPF realizada por la familia Eskenazi a través del Grupo Petersen durante los gobiernos kirchneristas.
La intención oficial es determinar si durante aquella operación existieron irregularidades o eventuales hechos de corrupción que puedan tener consecuencias sobre los litigios que la Argentina enfrenta en tribunales de Nueva York.
Desde la estrategia jurídica del Estado consideran que, si una investigación penal llegara a establecer que la compra de las acciones tuvo un origen fraudulento, ese elemento podría ser utilizado como prueba dentro de las causas civiles vinculadas con la expropiación de YPF.
El objetivo sería debilitar, congelar o eventualmente dejar sin efecto reclamos económicos multimillonarios contra la Argentina.
De acuerdo con la información publicada, la iniciativa también tendría antecedentes en Estados Unidos. El Departamento de Justicia ya había presentado un memorándum respaldando pedidos para que se investigaran presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de acciones de la compañía.
La ofensiva judicial se desarrolla mientras Argentina mantiene una disputa de enorme impacto económico en los tribunales estadounidenses por las consecuencias de la estatización de YPF.
Para los lectores del sur santafesino, el caso tiene relevancia por el volumen económico involucrado y por las posibles consecuencias que una eventual obligación de pago podría tener sobre las cuentas públicas nacionales.