Jueces y magistrados cuestionan la reforma del fuero penal y crece la tensión con el Gobierno
La relación entre el Gobierno de Santa Fe y distintos sectores del Poder Judicial atraviesa un nuevo momento de tensión por el proyecto que busca modificar la organización del fuero penal en toda la provincia.
La iniciativa impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro propone una reorganización profunda del sistema, con el objetivo declarado de agilizar los procesos, distribuir mejor las cargas de trabajo y optimizar los recursos disponibles.
Sin embargo, el proyecto recibió fuertes cuestionamientos de la Corte Suprema de Justicia provincial y del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que plantearon reparos sobre algunos de los cambios propuestos y reclamaron mayor diálogo antes de avanzar con su tratamiento legislativo.
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la creación de un Colegio de Jueces de Primera Instancia y otro de Revisión con competencia en toda la provincia. También se propone establecer una Oficina de Gestión Judicial única para el fuero penal, ampliar la rotación funcional de magistrados y modificar los criterios para la revisión de sentencias.
Además, la iniciativa contempla una mayor utilización de mecanismos remotos para determinadas actuaciones judiciales y una reorganización administrativa del sistema penal.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la estructura actual necesita mayor flexibilidad para responder a las diferencias en la cantidad de causas que existen entre las distintas circunscripciones judiciales.
Las objeciones de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe presentó ante la Cámara de Diputados un documento en el que expresó reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa.
Uno de los cuestionamientos está relacionado con la unificación de los Colegios de Jueces y la creación de una Oficina de Gestión Judicial única. Según la postura del máximo tribunal provincial, una centralización de esas características podría generar dificultades administrativas y conflictos en el funcionamiento cotidiano del sistema.
También hubo objeciones sobre la propuesta de modificar los mecanismos de revisión de las condenas. Otro punto observado es la posibilidad de extender la utilización de audiencias remotas, debido a su posible impacto sobre principios como la oralidad, la inmediación y la contradicción entre las partes.
Los magistrados reclaman mayor participación
El Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales también expresó una posición crítica frente al proyecto.
La entidad señaló que una reforma de esta magnitud debería estar acompañada por estadísticas, diagnósticos técnicos y una instancia previa de consulta con jueces, fiscales, defensores, responsables de las Oficinas de Gestión Judicial y Colegios de Abogados.
Entre los riesgos planteados aparecen una posible mayor burocratización del sistema, la superposición de agendas, la suspensión de audiencias, el uso excesivo de videoconferencias y eventuales dificultades vinculadas con el principio del juez natural y la independencia judicial.
Los magistrados también advirtieron que algunos aspectos de la iniciativa podrían abrir discusiones sobre su compatibilidad con la organización judicial prevista en la Constitución provincial reformada.
Pedido de una mesa de diálogo
Frente a este escenario, el Colegio de Magistrados pidió que se abra una instancia de diálogo antes de continuar con el tratamiento legislativo.
La propuesta es conformar una mesa de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Pública, los Colegios de Abogados y otros actores del sistema judicial.
Desde la entidad consideran que parte de los objetivos planteados por el Gobierno podrían alcanzarse mediante mejoras en la gestión, capacitación y coordinación institucional, sin necesidad de realizar una modificación estructural inmediata.
El debate se produce en un contexto de importantes transformaciones dentro de la Justicia santafesina, luego de los cambios en la integración de la Corte Suprema, las reformas vinculadas al Ministerio Público de la Acusación y las modificaciones derivadas de la reforma constitucional.
Mientras el Gobierno provincial defiende la necesidad de contar con una Justicia más rápida y eficiente, distintos sectores judiciales reclaman que cualquier modificación estructural sea discutida con mayor participación y consenso institucional.