El Gobierno evalúa el impacto del fallo de la Corte por el financiamiento universitario
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario generó preocupación dentro de la Casa Rosada y abrió un debate interno sobre la estrategia judicial adoptada por el oficialismo.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el fallo representa un fuerte revés para la administración de Javier Milei, principalmente por el impacto económico que implicaría su cumplimiento. En el Gobierno estiman que la actualización de los fondos destinados a las universidades nacionales demandaría alrededor de 1,3 billones de pesos.
Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido que no existen partidas presupuestarias disponibles para afrontar ese gasto, por lo que el Ejecutivo deberá revisar sus cuentas para evaluar cómo responder a la resolución judicial.
Además de la preocupación por el aspecto económico, en sectores del oficialismo aparecieron cuestionamientos hacia quienes estuvieron a cargo de la estrategia judicial. Desde La Libertad Avanza sostienen que el Ministerio de Capital Humano mantenía conversaciones con rectores universitarios para consensuar una nueva ley de financiamiento, compatible con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.
Sin embargo, ese proyecto no avanzó con la rapidez esperada en el Congreso. Dentro del Gobierno atribuyen esa demora a la estrategia impulsada por operadores vinculados al Ministerio de Justicia y a autoridades parlamentarias que, según afirman, apostaban a obtener un fallo favorable de la Corte Suprema.
De acuerdo con fuentes oficiales, existía la expectativa de que el máximo tribunal otorgara un margen de tiempo al Ejecutivo antes de resolver la cuestión. No obstante, la resolución judicial terminó descartando esa posibilidad y profundizó el malestar interno.
El fallo también sorprendió porque llegó pocos días después de que el Gobierno avanzara en un acuerdo parcial con las universidades para comenzar a cumplir algunos aspectos de la ley.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte consideró inadmisible el planteo del Estado nacional para suspender la aplicación de la norma, al entender que el recurso estaba dirigido contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva. De esta manera, el tribunal evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley o del Decreto 759/25 y resolvió únicamente una cuestión de carácter procesal.