Piden 4 años de prisión para ex mandataria de Labordeboy
- En la etapa final del juicio oral que se lleva adelante en Melincué, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva para la ex presidenta comunal de Labordeboy, Andrea Oberti. El pedido fue formulado por el fiscal Julián Cochero durante los alegatos de cierre, por lo que el tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia en los próximos días.
La causa se originó tras una denuncia presentada por el ex jefe comunal Bruno Ionmi, quien señaló presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos durante el período 2013-2015.
Uno de los ejes centrales de la investigación está vinculado al manejo de recursos del Fondo de Obras Menores. Según la acusación, en 2015 la comuna recibió más de 420 mil pesos para la construcción de cordón cuneta, pero solo una parte se habría destinado a ese fin, mientras que el resto habría sido utilizado para otros propósitos.
Además, la fiscalía detectó inconsistencias en el uso del Fondo Educativo Nacional correspondiente a los años 2013 y 2014. En este punto, se sostiene que los fondos habrían sido aplicados a gastos no autorizados y respaldados con documentación presuntamente falsa para justificar las rendiciones ante la provincia.
Otro aspecto relevante del expediente es la supuesta emisión de órdenes de pago apócrifas. De acuerdo con la investigación, los comprobantes presentados no coinciden con los registros contables, lo que evidenciaría diferencias en montos, beneficiarios y conceptos declarados.
En este marco, el fiscal también atribuyó a la ex funcionaria el uso de dinero comunal para gastos personales, como aportes a la caja forense, lo que encuadra en el delito de peculado.
Por otro lado, se cuestionaron procedimientos de contratación directa sin licitación pública en obras y adquisiciones, incluyendo trabajos de iluminación y la compra de un minibús, en presunta infracción a la normativa vigente.
A partir de estos hechos, la fiscalía solicitó que Oberti sea condenada por peculado, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y falsedad ideológica. Además de la pena de prisión, se pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Concluidos los alegatos, el tribunal deberá resolver en breve la responsabilidad penal de la ex mandataria comunal.