Apartaron al juez que debía resolver la detención de Tapia
La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez Sebastián Argibay de la causa en la que se analiza el pedido de detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El magistrado estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo presentado por el fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó las detenciones en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
Según trascendió en ámbitos judiciales, la decisión se tomó en medio de cuestionamientos vinculados a la imparcialidad del juez. La sospecha apunta a un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares directos y Toviggino, relacionado con la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor.
De acuerdo con versiones que circulan en el expediente, la operación habría involucrado a familiares de ambos: una hija del magistrado y un hermano del dirigente deportivo.
Fuentes judiciales señalaron además que la recusación del juez ya estaba definida y que la resolución oficial quedará registrada en el sistema Lex 100, la plataforma utilizada por la Justicia Federal para la firma de decisiones judiciales.
La investigación apunta a supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y a una presunta red de empresas y bienes relacionados con Toviggino y su entorno, que estarían bajo sospecha de operaciones irregulares.
En este contexto, el fiscal Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino al considerar que podrían entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia. Sin embargo, ese planteo aún no fue resuelto.
La causa también atraviesa un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, situación que suma complejidad al proceso y demora definiciones judiciales.
Con el apartamiento del juez Argibay, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa y queda pendiente la designación del magistrado que deberá continuar con la investigación y resolver el pedido de detención de los dirigentes.