Denuncian sobreprecio en compra de un SUV oficial
Una licitación impulsada por la Fiscalía de Estado de Santa Fe quedó bajo cuestionamiento tras una denuncia que señala un presunto sobreprecio en la compra de un vehículo oficial, en un contexto donde el Gobierno provincial sostiene una política de austeridad.
Según la documentación presentada, el expediente corresponde a la Licitación 98/25, cuyo objetivo fue la adquisición de un SUV. El presupuesto oficial, fijado en septiembre de 2025, era de 50 millones de pesos, pero la adjudicación final ascendió a $67.023.829, lo que implica un incremento del 34%.
El vehículo adquirido fue un Volkswagen Taos Highline, la versión más equipada del modelo, y la compra se realizó a la firma Escobar S.A. En este punto, la denuncia advierte que, ante una diferencia significativa respecto al presupuesto, el procedimiento habitual hubiera sido declarar desierta la licitación o solicitar una mejora en la oferta, algo que no ocurrió.
Por otro lado, el planteo también pone el foco en las condiciones del proceso. Según se detalla, se habría emitido una circular aclaratoria pocos días antes de la apertura de sobres que modificó requisitos técnicos, lo que podría haber limitado la competencia y favorecido a un único oferente.
En cuanto a las responsabilidades, se menciona a la fiscal adjunta Erica Lamas, quien avaló la conveniencia económica de la operación, y al fiscal de Estado Domingo Rondina, como autoridad máxima del organismo. La adjudicación se habría justificado bajo criterios de “conveniencia y urgencia”, sin nuevas instancias de revisión.
Además, la denuncia advierte que este mecanismo no sería aislado. Según el denunciante, prácticas similares podrían estar repitiéndose en otras áreas del Estado, como la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde también se señalaron requisitos técnicos que restringirían la competencia y generarían sobreprecios cercanos al 30%.
En este marco, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control en las compras públicas y la transparencia en los procesos administrativos. También introduce un costo político para la gestión provincial, al poner en tensión el discurso oficial de austeridad con decisiones cuestionadas en la práctica.
Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales sobre la situación.