La Justicia rechazó el pedido de la CGT
La Justicia federal rechazó este miércoles la medida cautelar que había presentado la CGT para suspender el traspaso del Fuero Laboral a la ciudad de Buenos Aires, previsto en dos artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La resolución fue firmada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, Enrique Lavié Pico, quien desestimó el pedido de no innovar que había formulado la central obrera. De esta manera, la decisión judicial representa un revés para la conducción sindical en su intento de frenar de manera inmediata la aplicación de la norma.
En su presentación, realizada el viernes pasado, la CGT solicitó que se suspendiera la operatividad de los artículos 90 y 91 de la ley, así como también del acuerdo de transferencia aprobado por esa normativa. Según sostuvo, esos cambios implican el cierre de 30 Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, además de una eliminación progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.
La central sindical argumentó que estas modificaciones afectan garantías constitucionales y pueden dejar a los trabajadores en una situación de indefensión. En ese marco, planteó que era necesario detener el avance de la medida hasta tanto se resolviera el fondo del reclamo.
Sin embargo, el juez entendió que no estaban acreditados los requisitos de urgencia ni de arbitrariedad necesarios para suspender una ley recientemente sancionada por el Congreso. Además, remarcó que no se verificó un perjuicio irreparable que justificara alterar el curso normal del proceso judicial.
En su fallo, Lavié Pico señaló que, dado que la cuestión de fondo será tratada en breve, no existe por ahora un riesgo suficiente que vuelva ilusoria una futura sentencia. Por otro lado, consideró que los elementos presentados por la CGT no alcanzan para conceder la tutela urgente dentro del marco de una acción de amparo.
En este escenario, la cautelar quedó rechazada, aunque el expediente continuará su trámite judicial para definir más adelante la validez o no de los artículos cuestionados por la central obrera.