Pergamino en el banquillo: un juicio que puede marcar un antes y un después para los pueblos fumigados

El juicio oral por la llamada “causa Cortese” avanza con una expectativa que trasciende a Pergamino y se proyecta sobre decenas de localidades argentinas atravesadas por el mismo conflicto: las fumigaciones con agroquímicos en zonas cercanas a barrios urbanos.

La denuncia fue impulsada en 2018 por Sabrina Ortiz, vecina y abogada, tras detectar la presencia de glifosato en estudios realizados a sus hijos y otros habitantes de la zona. La investigación derivó en un expediente federal luego de que se comprobara la contaminación del acuífero Puelche, un recurso hídrico interjurisdiccional.

Hoy, en los tribunales federales de Rosario, están sentados en el banquillo seis productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y dos funcionarios municipales, acusados de incumplir normativas y medidas cautelares que prohibían fumigar cerca de áreas pobladas.

Un proceso inédito

El abogado ambientalista Fernando Cabaleiro define el juicio como una instancia largamente esperada. Según plantea, por primera vez se logra concentrar en un debate oral toda la cadena de responsabilidades vinculadas a la aplicación de agrotóxicos.

A su entender, la diferencia con discusiones políticas o administrativas es sustancial: en el ámbito judicial se exponen pruebas científicas sin intermediaciones ni conflictos de interés. “Lo que se ve en Pergamino es la realidad que atraviesan muchos pueblos fumigados”, sostuvo.

Para el querellante, el proceso no solo busca determinar responsabilidades penales, sino también visibilizar el impacto en la salud y en los proyectos de vida de las familias afectadas.

La estrategia penal y el desafío probatorio

Carlos González Quintana, con experiencia en litigios ambientales como el emblemático caso de las Madres de Ituzaingó en Córdoba, se sumó al equipo para reforzar la estrategia penal.

El eje central, explicó, es demostrar el nexo causal entre la contaminación ambiental y el riesgo concreto para la salud de la población. En ese punto, será clave la intervención de médicos, biólogos y especialistas que aportarán evidencia técnica durante las audiencias.

Ambos abogados valoraron el rol del Ministerio Público Fiscal y la consolidación de un equipo de trabajo orientado a sostener la acusación con solidez en esta etapa decisiva.

Las víctimas, en primer plano

Uno de los aspectos más destacados del juicio es la centralidad de los testimonios. Las declaraciones de Sabrina Ortiz y otros vecinos expusieron el impacto cotidiano de convivir con fumigaciones cercanas, el temor por la salud de sus hijos y la sensación de desprotección institucional.

Para los querellantes, escuchar a las víctimas en un ámbito judicial representa un acto de reparación simbólica y un reconocimiento de derechos básicos como el acceso a un ambiente sano y a la salud.

Un precedente con alcance nacional

La competencia federal —determinada por la afectación del acuífero Puelche— le otorga al proceso una dimensión que excede lo local. Una eventual condena podría transformarse en un antecedente relevante para otras causas similares en el país.

Cabaleiro y González Quintana coinciden en que el impacto no será solo jurídico, sino también político y social. El debate expone el modelo productivo, la responsabilidad de los controles estatales y las tensiones entre producción y salud pública.

El veredicto aún está por escribirse, pero el juicio ya es considerado un hito en materia de delitos ambientales. Para las comunidades afectadas, representa algo más que un expediente judicial: es la posibilidad concreta de que la Justicia siente un precedente y abra un camino para otros pueblos que reclaman lo mismo.