Inocencia fiscal: cómo usar los dólares del colchón
El Gobierno nacional publicó el decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema financiero formal. Según estimaciones oficiales, existirían alrededor de USD 170 mil millones fuera del circuito bancario, una cifra que el Ejecutivo considera clave para reactivar la economía.
El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la norma como “un atajo enorme” para acelerar la recuperación económica. En ese marco, la reglamentación aclaró cómo deben realizarse las operaciones con los llamados “dólares del colchón”.
De acuerdo a lo establecido, los dólares deberán ser bancarizados para poder utilizarse legalmente. El decreto permite hacerlo tanto en el origen como en el destino: el contribuyente puede depositar el dinero en su propia cuenta y luego transferirlo, o bien enviarlo directamente a un tercero a través del sistema financiero.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicaron que esta exigencia responde a estándares internacionales de trazabilidad y control, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del GAFI, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Otro punto central del decreto es la reglamentación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Para adherir, los contribuyentes deben cumplir tres condiciones: ingresos anuales menores a $1.000 millones, patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar catalogados como grandes contribuyentes.
La normativa aclara que, para evaluar esos límites, se computan únicamente los ingresos propios, incluidos los gravados, no gravados y exentos, sin considerar montos percibidos como intermediación. Quienes adhieran al RSG acceden a beneficios como la presunción de exactitud de sus declaraciones y el efecto liberatorio del pago.
En el caso de los monotributistas, desde ARCA señalaron que deberán inscribirse en el RSG si desean bancarizar dólares no declarados. De lo contrario, podrían quedar expuestos a fiscalizaciones. Cada pequeño contribuyente deberá evaluar si le conviene ingresar esos fondos al sistema y asumir una mayor carga tributaria o mantenerlos fuera, con el riesgo de eventuales controles.
El decreto también introdujo cambios relevantes en materia penal tributaria. El umbral para la evasión simple se elevó de $1,5 millones a $100 millones, y quienes tengan causas previas podrán solicitar la aplicación de la ley penal más benigna, según lo previsto en la normativa.
Finalmente, en relación a la actualización de las multas automáticas, desde el organismo recaudador aseguraron que no se avanzará de manera automática contra pymes y pequeños contribuyentes. En lugar de intimaciones directas, se enviarán recordatorios y se otorgarán plazos adicionales para regularizar situaciones antes de iniciar sumarios sancionatorios.