El Congreso avanza con la reforma laboral y la baja de imputabilidad
El Congreso Nacional comenzará esta semana a poner en marcha el tratamiento de dos de las iniciativas legislativas más relevantes que impulsa el Gobierno encabezado por Javier Milei: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad.
El primer paso será la constitución y designación de autoridades en las comisiones correspondientes, en el marco del período de sesiones extraordinarias. En ese contexto, el debate de la reforma laboral está previsto para iniciar formalmente este martes 11 de febrero en el Senado de la Nación, luego de haber sido postergado durante el año pasado.
Según trascendió, el oficialismo, representado por La Libertad Avanza, mantiene negociaciones con bloques considerados dialoguistas, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con el objetivo de reunir los consensos necesarios para avanzar con la iniciativa.
El proyecto de modernización laboral propone una revisión integral del régimen actual. Entre sus principales puntos se encuentran la modificación del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de cargas patronales para incentivar el empleo formal y la incorporación de la figura del “colaborador independiente”, bajo un esquema sin relación de dependencia tradicional.
Además, se plantea la implementación de un Banco de Horas, que permitiría compensar excesos de jornada en días posteriores en lugar del pago de horas extras, como parte de un esquema de mayor flexibilidad laboral.
Desde el sector sindical manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta y advirtieron que la reforma podría derivar en una pérdida de derechos adquiridos. En ese marco, anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes, coincidiendo con el inicio del tratamiento legislativo.
En paralelo, también comenzará a discutirse el proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa contempla un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, y excluye la posibilidad de reclusión perpetua, estableciendo un máximo de 20 años de condena.
Para delitos graves, se evalúa que adolescentes de 14 años o más puedan recibir penas similares a las de adultos, aunque sin ser alojados en cárceles comunes. En los casos de delitos menores, se priorizarían sanciones de carácter educativo, libertad asistida o tareas comunitarias.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo de esta ley es poner fin a la denominada “puerta giratoria” y sancionar delitos cometidos por menores que, bajo la legislación vigente, no reciben condena penal.