Quedó preso por vender drogas y podrían demoler su vivienda

El acusado tiene 21 años y fue detenido tras un allanamiento en el oeste de Venado Tuerto. La causa se vincula a otra investigación por narcomenudeo en la ciudad.

Un joven de 21 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por venta de drogas en Venado Tuerto. La investigación se desprende de denuncias públicas realizadas por el intendente Leonel Chiarella y la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

El procedimiento fue llevado adelante por el fiscal Iván Raposo, quien imputó al acusado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, en los próximos días podría solicitar el derribo del inmueble donde se realizó el allanamiento, al considerarlo un “aguantadero” destinado al narcomenudeo.

El joven, identificado como Adrián Emanuel R., fue detenido durante un operativo en una vivienda ubicada en calle República de Irlanda al 1500, en el sector oeste de la ciudad. En el lugar, los efectivos secuestraron dos envoltorios de marihuana (2,1 gramos), una balanza de precisión y un teléfono celular.

Según se informó, el domicilio no contaba con servicios básicos como agua, gas ni electricidad. El análisis del material incautado permitió establecer vínculos directos con redes de comercialización de drogas que operaban en la ciudad.

La causa se conecta con otra investigación iniciada tras denuncias sobre presunto narcomenudeo en una vivienda de calle Avellaneda al 2300. En ese procedimiento previo se secuestró un celular que, tras ser peritado, reveló conversaciones por Telegram vinculadas a la venta de estupefacientes.

Uno de los usuarios investigados utilizaba el alias “Wuili Wolca”, que fue identificado como el propio Adrián R., quien empleaba de manera informal el apellido materno. Entre las pruebas se encontraron imágenes de plantas de marihuana, droga fraccionada sobre balanzas y publicaciones con precios, lo que reforzó la hipótesis de un punto de venta activo.

En este marco, la Fiscalía evalúa solicitar la demolición de la vivienda allanada, en aplicación de la normativa vigente para inmuebles utilizados con fines ilícitos. La propiedad ya había sido señalada como conflictiva y fue escenario de un homicidio ocurrido a fines de 2022.

Finalmente, la jueza interviniente resolvió dictar la prisión preventiva sin plazo para el imputado, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación si recuperara la libertad.

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