El Gobierno insistirá con cambios en la Ley de Salud Mental
El Gobierno nacional volverá a avanzar con una propuesta de reforma de la Ley de Salud Mental durante el período de sesiones ordinarias de 2026, que comenzará el 1° de marzo. La iniciativa apunta a modificar artículos centrales de la normativa vigente, entre ellos el que regula las internaciones involuntarias, con la posibilidad de que los jueces autoricen la hospitalización de pacientes en determinados casos.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, la decisión responde a un reclamo sostenido de familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, quienes advierten dificultades en la aplicación práctica de la ley actual. El proyecto sería impulsado desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y cuenta con el aval del presidente Javier Milei.
La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, estableció un modelo orientado a la desmanicomialización y a la protección de los derechos de los pacientes. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que la falta de dispositivos adecuados y de herramientas legales claras generó limitaciones operativas, especialmente ante situaciones de urgencia.
No es la primera vez que el Ejecutivo intenta introducir estos cambios. Parte de las modificaciones habían sido incluidas en el proyecto original de la Ley Bases, pero quedaron fuera del texto finalmente aprobado. Ahora, el Gobierno busca retomar esa agenda con una iniciativa específica, que podría ser anunciada por el Presidente durante la apertura de sesiones en el Congreso.
Entre los puntos que se analizan figuran la habilitación de internaciones con intervención judicial en casos concretos, la creación de centros especializados, la redefinición de los criterios de egreso y rehabilitación, y cambios en la composición del Órgano de Revisión. Desde Casa Rosada señalan que se retomarán varios de los artículos que no prosperaron en el debate legislativo anterior.
El tema genera fuertes controversias. Sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos y activistas de la salud mental advierten que las reformas podrían implicar un retroceso y una vuelta a prácticas de manicomialización. En contrapartida, el Gobierno argumenta con casos de alto impacto que, según sostienen, evidencian falencias del sistema actual.
En ese marco, también cobró relevancia la postura de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso la necesidad de revisar la ley. Charpentier cuestionó la falta de herramientas para abordar brotes psicóticos y adicciones, y reclamó mayor presupuesto y participación de especialistas en la definición de políticas públicas.