Ratifican la competencia federal en el caso Loan

El Tribunal de Corrientes, encargado de llevar adelante el debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña —ocurrida en junio de 2024— ratificó la competencia federal del caso, tras rechazar un pedido de una de las defensas para que el expediente regresara al fuero provincial.

El planteo había sido presentado por la defensa de Bernardino Antonio Benítez y luego acompañado por los otros seis imputados: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Argumentaban que, finalizada la instrucción, no se había comprobado la hipótesis de trata de personas.

Los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni descartaron ese pedido y recordaron que la valoración de pruebas debe realizarse durante el debate oral. Señalaron que la investigación comenzó en el fuero provincial, pero posteriormente fue remitida al Juzgado Federal de Goya, donde se desarrolló gran parte de la instrucción y se recopiló la evidencia central del expediente.

Además de la retención y ocultamiento del niño, delitos ordinarios por los que serán juzgados los siete acusados, la causa incluye otros hechos vinculados a la competencia federal, como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio ante la justicia federal, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.

En este marco, se incorporó también una causa paralela donde diez personas —entre ellos psicólogos, asistentes sociales y abogados— quedaron imputadas por hacerse pasar por integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, situación desmentida por sus autoridades.

El tribunal remarcó que, dado que los hechos y las pruebas están estrechamente ligados, corresponde realizar un único juicio para evitar fragmentaciones entre fueros.

Los padres de Loan, María Noguera y José Peña, reiteraron que la investigación “empezó a avanzar recién cuando intervino la justicia federal”, a más de un año y medio de la desaparición del niño.