Exsenador Kueider solicita eximición de prisión mientras enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito
El exsenador Edgardo Kueider presentó una solicitud de eximición de prisión en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El pedido incluye a su acompañante, Iara Guinsel Costa, con quien cumple prisión domiciliaria en Paraguay tras ser detenidos en el intento de contrabando de USD 211.000 no declarados.
El exlegislador entrerriano Edgardo Kueider, junto a su secretaria y acompañante, Iara Guinsel Costa, enfrenta acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad y otros delitos. Ambos cumplen prisión domiciliaria en Paraguay tras ser sorprendidos con USD 211.000 no declarados en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay.
La defensa de Kueider, encabezada por el abogado Maximiliano Ruiz, presentó un escrito ante el Juzgado Federal de San Isidro solicitando que el exsenador enfrente las investigaciones en libertad y, además, recusando a la jueza Arroyo Salgado. Según el abogado, la magistrada mantiene una actitud de "persecución política y prejuzgamiento" contra su cliente.
El pedido se produce días después de que la jueza emitiera un exhorto internacional para la extradición de Kueider y Guinsel Costa. Además, solicitó su traslado en calidad de detenidos, el secuestro de sus dispositivos electrónicos y el allanamiento del departamento de lujo donde ambos cumplen prisión domiciliaria en Paraguay.
La causa federal que pesa sobre el exsenador se originó en julio tras una denuncia basada en publicaciones periodísticas que revelaron la existencia de propiedades de lujo en Paraná adquiridas mediante una sociedad inactiva. Este caso se suma a otro expediente que tramita en la Justicia de Concordia.
El proceso de extradición incluye un pedido de captura internacional por parte de Interpol, emitido para garantizar que ambos permanezcan a disposición de la justicia argentina. Mientras tanto, Kueider y su acompañante enfrentan una posible pena en Paraguay que oscila entre seis meses y dos años y medio de prisión por el intento de contrabando.