La situación fiscal de las provincias argentinas se ha convertido en un punto crítico de disputa entre los gobernadores y la Casa Rosada. La provincia de La Rioja recientemente anunció su intención de iniciar consultas con sus acreedores debido a las dificultades para cumplir con los vencimientos de sus bonos en dólares. Este movimiento ha puesto en alerta a una decena de distritos que enfrentan circunstancias financieras similares.

El ajuste presupuestario ordenado por el presidente Javier Milei ha exacerbado la situación al reducir drásticamente las transferencias no automáticas a las provincias. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), estas transferencias han experimentado una caída real del 13,2% en el primer mes del año, con perspectivas de un retroceso adicional en febrero.

El impacto económico de esta medida se ve agravado por la contracción en la actividad económica, lo que resulta en una disminución en la recaudación de impuestos tanto a nivel provincial como nacional. Además, la devaluación del tipo de cambio ha aumentado la cantidad de pesos necesarios para hacer frente a los pagos de deuda en moneda extranjera.

La provincia de La Rioja, liderada por Ricardo Quintela, ha expresado su intención de buscar un acuerdo amigable con sus bonistas, reconociendo los desafíos económicos sin precedentes que enfrenta. Sin embargo, esta situación plantea un dilema para los gobernadores, ya que la mayoría de ellos ya han reestructurado sus títulos en los últimos años y encontrar nuevas soluciones puede resultar difícil.

En resumen, el panorama financiero de las provincias argentinas se ve ensombrecido por la necesidad de afrontar vencimientos significativos de deuda en dólares a lo largo del año, lo que plantea desafíos tanto para las autoridades locales como para el gobierno nacional.