Un proyecto de ley que actualmente está siendo evaluado por el Senado de la Nación apunta a promover la biodiversidad en ambientes cultivados de más de 200 hectáreas, mediante el establecimiento de una superficie mínima obligatoria que deberá ser conservada con especies naturales.

El proyecto de ley denominado "Presupuestos Mínimos para la Biodiversidad en Ambientes Cultivados" fue presentado por la senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu, en base a un trabajo científico elaborado por Lucas Garibaldi, investigador independiente del Conicet y director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro.

La versión preliminar de la norma, a la cual tuvo acceso el sitio de divulgación científica Sobre la Tierra, establece que se deberá garantizar un mínimo de cuatro hábitats por cada unidad productiva de 200 hectáreas, de los cuales al menos uno deberá ser un ambiente natural no menor a 5 hectáreas (equivalente a 2,5% de la superficie total).

En tanto, los otros tres hábitats podrán contener cultivos pero diferentes entre sí. También se indica que, de ser aprobada, la ley se implementará de forma progresiva a lo largo 10 años.

Según indicó Garibaldi, quien también es docente del departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el espíritu de la Ley se basa en la agricultura sustentable, teniendo en cuenta aspectos de rentabilidad y conservación.

"Esta iniciativa promueve la rotación de los cultivos, favorece la preservación hábitats naturales y seminaturales (que no son cultivados desde hace más de 20 años y que incluyen especies nativas) y sus múltiples beneficios asociados, como una mayor polinización, control biológico de plagas, reducción de la erosión, fijación de carbono, valor turístico e industrias como la apicultura, entre otras".

Además, subrayó la necesidad de implementar la normativa por la falta de diversidad que posee la mayoría de los sistemas agrícolas nacionales, dominados por monocultivos.

"Estamos en una situación crítica. Hemos perdido una gran diversidad de paisajes. Es importante recuperarlos porque, asociado a esa falta, perdimos aspectos fundamentales para el bienestar social en general", aseguró.

"La conservación del 2,5% de la superficie se podría desarrollar incluso en tierras marginales, donde se maximizan los servicios ambientales y no se compite con lugares de altos rendimientos. De hecho, pueden potenciar los rindes de los cultivos aledaños", dijo Garibaldi.

Ese 2,5% también representa un porcentaje mínimo de conservación respecto de otros países como Brasil, por ejemplo, cuyo código forestal (establecido en 1967 y reformado en 2012) plantea una conservación del 20% fuera de la Amazonia legal. En tanto que, dentro de esa área, establece una conservación de 35% en ambientes de sabana y de 80% en bosques. "Es decir que en los lugares de bosque, dentro de la Amazonia, que es buena parte de Brasil, sólo se puede cultivar el 20%. Estos números están muy por encima de la Ley que planteamos en la Argentina, donde no contamos con una regulación específica para ambientes cultivados".

El especialista recordó que "aquí sólo existe la Ley de Bosques, pero nuestro proyecto es mucho más simple y sólo apunta a estos dos aspectos: promover la diversidad de hábitats y preservar un mínimo de hábitat natural y seminatural en ambientes cultivados".

Políticas basadas en ciencia

Garibaldi destacó que el proyecto de ley cuenta con una base científica sólida y valoró el rol de los investigadores, puesto que con sus conocimientos "pueden contribuir a desarrollar una mejor legislación y un mejor uso de la tierra".

La elaboración de la norma demandó un año de trabajo, en el cual participó Garibaldi (quien acercó la iniciativa a Larraburu), junto con los equipos técnicos de la senadora y de las comisiones del Congreso. En este período también fue apoyado por otros legisladores. Finalmente, el proyecto fue presentado en el Senado de la Nación a fines de 2017 y actualmente está siendo evaluado por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura.