Lifschitz vetó más de una decena de leyes

El gobernador rechazó desde la creación de escuelas a una reglamentación de la equinoterapia.
miguel_lifschitz
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Habían recibido tratamiento exprés el 30 de noviembre. Van desde la creación de escuelas rurales, pasando por la reglamentación de la equinoterapia, y llegando hasta una modificación a la ley de jubilaciones y pensiones que había sido presentada por Bonfatti y Galassi.
El gobernador Miguel Lifschitz vetó 13 proyectos de ley sancionados de manera exprés por la Legislatura en la sesión del 30 de noviembre de 2017.

Según consigna que ese día se aprobaron alrededor de 60 leyes, que fueron tratadas sobre tablas y sin dictámenes de comisión. Ahora, tras una lectura exhaustiva de cada una de ellas, Lifschitz fue vetando aquellas iniciativas que no consideraba prioritarias para su gestión, o que a su entender necesitan correcciones. 

El listado
Las iniciativas vetadas por Lifschitz son las que siguen: 

1- Jubilaciones
Con la firma de Lifschitz y el ministro de Gobierno, Pablo Farías, apareció en el Boletín Oficial el veto total contra una iniciativa que se originó en sus compañeros de partido, el actual presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador Antonio Bonfatti y el diputado (y exministro de Gobierno) Rubén Galassi.

La norma en cuestión es la modificación a la ley 6915 de jubilaciones y pensiones de los estatales provinciales, que apunta a simplificar y agilizar los procedimientos y trámites administrativos que deben realizar los pasivos para obtener el reajuste o la redeterminación de haberes.

Entre otros argumentos para el rechazo, Lifschitz y Farías cuestionan que la ley aprobada "importa un avance sobre las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo", ya que según la Constitución santafesina "es atribución del gobernador resolver los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración provincial".


2- Adopciones
Otro de los vetos fue a los cambios al Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga). La norma sancionada por unanimidad en ambas cámaras modificaba el artículo 15º de la ley Nº 13.093, y disponía que "el magistrado que haya declarado la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente, tendrá acceso en forma directa al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos perteneciente a su delegación".

"En caso de que no hubiere inscriptos, deberá requerir los registros de otras delegaciones", añadía el texto de la ley propuesta por el senador peronista del departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Y agregaba: "La copia certificada de la nómina de aspirantes deberá ser entregada al juez competente dentro del plazo máximo de tres (3) días corridos de efectuado el requerimiento. El incumplimiento será considerado falta grave y hará pasible en su caso, de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar". Y además: "Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el registro comunicará trimestralmente las nóminas de aspirantes a todos los juzgados en la materia".

En el decreto de veto total que firman Lifschitz, Farías y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, se indica que "resulta oportuno señalar que el párrafo primero del artículo 15° de la ley N° 13.093 –tanto en su redacción original como en la propuesta en el proyecto de ley que motiva el presente– no se compadece con los artículos del Código Civil y Comercial precitados dado que el juez no elige de la totalidad de los integrantes de la nómina sino sólo de los que manda el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos preseleccionados, en los casos que corresponda en forma conjunta con otras reparticiones con competencia en materia de niñez".

3- Adicciones
Uno de los vetos en la materia refiere a la creación de 19 centros provinciales de prevención, tratamiento y recuperación para personas vinculadas a situaciones de consumos problemáticos. Era una iniciativa del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi (PJ), que disponía que cada cabecera departamental contara con un centro dependiente del Ministerio de Salud para atender adicciones y consumos problemáticos como el alcohol.

Además de cuestionamientos a la operatividad real de esa norma, el gobernador en su decreto cuestiona la perspectiva desde la cual se aborda el tema, que implica por ejemplo la utilización de términos como "rehabilitación" y "patología", a los que considera no concordantes con los parámetros internacionales pertinentes. 


4- Bullying
El gobernador junto con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y la ministra de Educación, Claudia Balagué, firmaron el veto parcial a un proyecto de ley impulsado por la senadora peronista Cristina Berra (San Martín) para erradicar el acoso escolar, que proponía a la cartera educativa como autoridad de aplicación de la norma y la incorporación en la currícula de los institutos de formación docente de una materia sobre la problemática. 

La norma fue rechazada en algunos de sus tramos porque se consideró "ambiguo" crear una materia específica sobre acoso, cuando en realidad ese tema debe atravesar la currícula en general.

5- Emergencia hídrica
Uno de los vetos parciales implica a la declaración de emergencia hídrica para el departamento General López, impulsado por el senador radical de esa jurisdicción, Lisandro Enrico. El gobierno provincial propone modificar dos artículos de esa ley, por un lado para circunscribir el beneficio a los productores en lo vinculado a los impuestos inmobiliario y de patente para vehículos utilizados en la actividad agropecuaria (y no ampliarlo al resto de los tributos) y por otro lado, para que la ayuda sea sólo para los productores, no para contratistas.

6, 7 y 8- Escuelas 
Por otra parte, Lifschitz, Farías y Balagué rechazaron totalmente, en tres decretos, los proyectos de ley que establecían la creación de sendas escuelas en el interior de la provincia: una de nivel medio en Ramayón, departamento San Justo; otra en Cayastacito, del mismo departamento, y una tercera en Ricardo, departamento San Lorenzo.

En los tres casos, la mencionada cartera no consideró necesario crear esos establecimientos.

9- EPE
Otro proyecto vetado fue la donación de un terreno supuestamente desocupado de la EPE en San Carlos a una asociación civil llamada Tacurú, con el objetivo de "realizar actividades socioculturales y comunitarias de interés público". La EPE evaluó esta norma y dictaminó que era de imposible aplicación porque el terreno en cuestión se encuentra destinado a acopio de materiales. La argumentación de la empresa eléctrica provincial le bajó el pulgar a la iniciativa del senador Pirola, de Las Colonias.

10- Multas y carnet
Enrico pretendía rebajar en un 75% las multas de tránsito en la provincia, pero su iniciativa fue vetada. Por lo tanto, su valor sigue atado a la evolución del precio de los combustibles.

El decreto N° 4173 de veto total, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial de la provincia cuestiona el criterio que se impuso en el Senado, que aprobó por unanimidad el proyecto de ley del radical Enrico para buscar un valor "más racional" para las infracciones.

Para el Ejecutivo es menester no perder el poder punitivo de las sanciones, lo que implica mayores posibilidades de prevención, según consideran.

El gobierno provincial tampoco dio el visto bueno a los cambios en las edades para renovar el carné de conducir, para beneficiar a los adultos mayores, porque el cambio propuesto se contradice con lo dispuesto a nivel nacional para la nueva licencia que se otorga en todo el país.

11- Equinoterapia

La senadora Berra fue autora de otro proyecto, sancionado por la Legislatura, que no pasó el filtro del Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que buscaba "regular la equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas" y que Iapos la incluya en sus prestaciones.

En este caso se trató de un veto parcial pero muy significativo, ya que en total son 11 los artículos rechazados y sobre los cuales se proponen modificaciones que serán giradas a la Legislatura. El decreto de veto, que lleva la firma de Lifschitz y Farías, señala que "actualmente no existe evidencia científica suficiente que indique que la llamada equinoterapia comporte una terapia eficaz para el tratamiento de discapacidades". De todos modos, "se considera acertado establecer una reglamentación y control sobre la misma y, en tal sentido, resulta más atinado determinar un órgano de control –y no de aplicación–, el que no debe estar en cabeza únicamente del Ministerio de Salud, debiendo intervenir otras jurisdicciones, tales como los ministerios de Producción, Desarrollo Social, Seguridad, Educación, Trabajo y Seguridad Social, entre otros". 

El gobierno considera que la equinoterapia "debe entenderse como complementario de otros tratamientos, sin ser sustitutivo de los mismos" y que "en tal orientación, se entiende oportuno establecer que el Ministerio de Salud determine, en base a la evidencia científica que dé cuenta de la efectividad de la actividad ecuestre en el tratamiento de las personas con discapacidad, su incorporación como prestación, tanto en el sector público de salud, como en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y las cajas profesionales que desarrollen actividades en la provincia". Es decir, no cierra la puerta a que Iapos incluya esta prestación, pero antes exige evidencia científica.


12- Expropiación de terrenos
El decreto N° 4171 es el veto parcial a la ley impulsada por el senador peronista Rubén Pirola (Las Colonias) que preveía, entre otros puntos, "se declare genéricamente de interés general y sujetos a expropiación los terrenos aptos para la construcción de viviendas y/o planes habitacionales, de acuerdo a los convenios que en ese sentido suscriban el Poder Ejecutivo con los municipios y comunas" y disponía "la instalación de servicios esenciales y la compra o expropiación de terrenos se debe afectar anualmente hasta el veinte por ciento (20%) del total de los recursos ejecutados en el ejercicio anterior del Fondo Federal Solidario".

El decreto de Lifschitz critica, entre otras cuestiones, "que no aparecen suficientemente valoradas las cuestiones presupuestarias, de organización administrativa y económicas".

13- Sin incremento para Ciencia y Tecnología
Finalmente, el gobierno provincial vetó de forma parcial otro proyecto impulsado por Bonfatti. Se trata del que proponía aumentar en forma sostenida el presupuesto provincial para que en 2021 llegue a cubrir estas disciplinas con al menos el 0,50 por ciento del total.

El Ejecutivo entiende que los incrementos propuestos por la Legislatura implican incremento del gasto que las arcas provinciales no pueden comprometer.

El que quedó
Es de destacar lo que no fue vetada una de las leyes más polémicas sancionadas el año pasado: aquella que dispuso un cambio en la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. 

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