La Justicia bloqueó los bienes de Marcelo Balcedo e intervendría su gremio

Es investigado por el presunto lavado de $80 millones; salieron a la luz maniobras irregulares del Soema; Uruguay le dictó la presión preventiva por 30 días hasta que se defina el proceso de extradición
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El juez federal Ernesto Kreplak dispuso ayer congelar las cuentas bancarias del sindicalista Marcelo Balcedo, de su mano derecha Mauricio Yebra y del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) en el ámbito de la causa en la que se investiga operaciones de lavado de dinero por un monto superior a los $80 millones ocurridos entre 2012 y 2013.

"Se tomaron medidas de aseguramiento. Entre ellas es posible que se solicite la intervención del sindicato", dijo  una fuente judicial que explicó que la decisión de bloquear las cuentas es para evitar que se realicen movimientos de fondos.

Balcedo, secretario general de Seome, y su esposa, Paola Fiege, fueron detenidos anteayer en su mansión El Gran Chaparral, en la localidad de Piriápolis, Uruguay, y se le secuestraron tres armas de guerra, US$500.000 en efectivo (guardados en una caja fuerte) y 14 vehículos de alta gama valuados en más de dos millones de dólares, entre ellos, un Mercedes-Benz edición McLaren, una Ferrari y un Porsche.

Kreplak está convencido de que Balcedo lideraba una red de lavado de dinero en la que participaban su esposa, su secretario privado y socio que ayer se entregó a la Justicia (ver aparte), y otras personas cuyo rol aún no fue relevado. De hecho, entre agosto y diciembre de 2017 el titular de Soeme había realizado diez viajes a Uruguay. Además, entre el 9 de febrero de 1995 y el 20 de diciembre, el hombre utilizó su documento de identidad para realizar 405 trámites migratorios habilitados.

"El magistrado puso la lupa en reiteradas extracciones de las cuentas del Soeme que aparentemente iban a engrosar patrimonios privados de los acusados. La primera alerta fue dada a partir de un informe de la AFIP sobre un retiro bancario de unos 53 millones de pesos en efectivo realizado entre 2012 y 2013. Pero se sabe que ese mecanismo fue utilizado con frecuencia y en los dos años se habría extraído más de 80 millones de pesos", dijo  una fuente judicial con acceso al expediente.

yer, la Justicia de Uruguay dictó por 30 días la prisión preventiva a Balcedo y su señora a la espera de que se realicen los trámites para su extradición a la Argentina. Ayer, en el juzgado federal N° 3 de Kreplak en esta ciudad aún no habían recibido las actuaciones de Interpol y de la Justicia de Uruguay.

"Cuando llegue la documentación, el juzgado realizará el pedido de extradición con la mayor premura. Los tiempos no están fijados y se hace por vía diplomática", dijo la fuente judicial. El informante no descartó la posibilidad de que haya nuevas detenciones, pero prefirió reservarse esa información para evitar posibles fugas.

Denuncias de particulares

Al margen de la investigación por lavado de activos, se conocieron ayer dos casos de particulares que denunciaron haber sido estafados por Balcedo a partir de estrategias judiciales ideadas desde el Soeme.

La primera denuncia pública fue realizada por Silvina Cantón, propietaria de un jardín maternal del barrio Villa Argentina. La mujer dijo que fue extorsionada y obligada a pagar un "aporte solidario" al Soeme.

También Rubén Capodaqua, apoderado de la Asociación de Padres de la Escuela de educación especial Fray Mamerto Esquiú, que está en la localidad cordobesa de Oncativo, denunció las maniobras de Balcedo. "En 2014 se plantea la obligación que nosotros paguemos a un gremio, que era Soeme, un porcentaje por tener portero y personal de servicio, y no tenemos ni portero ni personal de maestranza y servicio en la asociación", dijo Capodaqua. Maniobras como estas se repitieron en Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.

Juan Fagúndez, que oficia de abogado defensor de Balcedo, argumentó ayer a Télam que el patrimonio del sindicalista fue a partir de sus 11 años a cargo de empresas periodísticas. Y negó vínculos con la banda de narcotraficantes conocida como Los Monos, que tiene su base en Rosario.

"Se discutió si iba preso o no. Cuando se formalice el pedido [de extradición], se tiene que discutir si se lo envía o no a la Argentina en base a cuestiones técnicas: ver si el delito es tal en los dos países. Los tributos argentinos no son los mismos que los uruguayos: si evadió un tributo que no tiene equivalente en Uruguay no se puede extraditar", señaló Fagúndez, quien admitió conocer a su cliente anteayer, apenas unos minutos antes de la audiencia.

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