Un triunfo de la lucha originaria

Política 13 de octubre Por
El Senado de la Nación prorrogó por cuatro años la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
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 Comunidades originarias de la provincia de Santa Fe participaron de un acampe frente al Congreso Nacional, para que se extienda esta normativa que reglamenta la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. El alerta y la movilización siguen: el próximo paso es la aprobación en la Cámara de Diputados.

La ley 26.160, promulgada en 2006, obligó al Estado la demarcación de las tierras habitadas por pueblos originarios, con el objeto de evitar los desalojos de los mismas cumpliendo así algo que mandata la misma Constitución Nacional.

En Noviembre próximo vencía la vigencia de la Ley de 2006 que fue sucesivamente prorrogada.  En un contexto de visibilización de los reclamos de los pobladores ancestrales por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, esta inminente caída de la ley nacional tuvo resistencia de las comunidades que acamparon el pasado sábado frente al Congreso en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el territorio santafesino salieron hacia allí tres grupos. Uno desde la capital provincial y dos desde Rosario, vecinos de la zona de Travesía y Juan José Paso y de Rouillonal 3400. Particularmente se trató de comunidades de origen Mocoit, Colla y Qom. “Nos enteramos de la prórroga del Senado en el colectivo mientras volvíamos y estallamos de alegría”, contó Alfredo Ángel de la Comunidad Qom rosarina.

Quienes viajaron a la ciudad de Buenos Aires para acompañar la manifestación, expresaron satisfacción por la disposición del Senado que ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados. Un punto que se destacó además de la misma prórroga fue la “necesidad de completar el censo de comunidades que la misma norma establecía”, que actualmente no contempla siquiera a la mayoría y eso las priva de los derechos sobre la tierra que habitan.

Actualmente en el territorio argentino más de cuarenta pueblos resisten cotidianamente la cesión de sus derechos para la expansión de los grandes negocios. Cuando fracasan ante el poderío del enemigo, muchas veces magnates internacionales como Benetton, se tornan en migrantes internos que se ubican en los márgenes de las grandes ciudades, donde la democracia no llega y se les reserva el lugar de consumidores de los deshechos de la población criolla, changarines de los trabajos mal pagos y personas condenadas a abandonar su cultura para pertenecer a una sociedad que los discrimina por simple portación de cara.

Por eso, en un marco de fuerte avance sobre los derechos de la población que ubican al país en la mira incluso de organismos internacionales de derechos humanos y laborales, lograr este primer paso que no es un cheque en blanco ni implica que no se darán desalojos –el caso de Chubut y otros que se replican en el país dan cuenta que la vigencia de la Ley no alcanzó para evitarlos-, reinstala la necesidad de que todas las organizaciones del heterogéneo y variopinto campo popular pongan en el centro gravitacional del debate el modelo productivo.

Los desalojos, la contaminación, los techos paritarios y el intento de anular la negociación colectiva, la intención de modificar los convenios de trabajo a la baja, los tarifazos, la liberación del precio de los combustibles, la quita de retenciones a las mineras, entre otras medidas, son parte de un esquema que propone que lo principal es la optimización de las tasas de ganancias. En una economía concentrada y extranjerizada aparte, ni siquiera se trata de un empresariado nacional sujeto a normas locales, sino a gigantes multinacionales que instalan oligopolios que controlan toda la cadena productiva y ponen como condición la aplicación de normativas generadas en otras latitudes.

Por eso, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó a Agencia ACTA:  “este logro es gracias a la lucha de los Pueblos Indígenas, hemos dado un paso importante, ahora falta avanzar en la Cámara de Diputados. No hubiera necesidad de ley si se cumpliera el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Pero en este contexto esta es una ley importante y hoy se llegó a la media sanción. Celebramos este momento, pero no dejamos de reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la libertad de todos los presos políticos indígenas perseguidos por luchar y defender su territorio”.

“La convocatoria de los pueblos originarios es a mantenernos en alerta. Mientras se debatía y votaba la prorroga de la Ley 26160 en Salta un grupo de 30 Policías y personal parapoliciales desalojaban violentamente a una familia de campesinos. También ha sido contundente el mensaje de los pueblos originarios a las organizaciones de la clase obrera en cuanto a que todo lo que suceda con la propiedad de la tierra en cualquier país del  mundo, con su mal uso, con la concentración en pocas manos, la extranjerización y la contaminación. No hay dudas que todo eso tiene que ver con la vida de los trabajadores y de la ciudadania en general”, expresó el Secretario General de la CTAA Provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez.

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